La dinámica reciente del movimiento indígena se ha visto nuevamente centrada en la praxis de la resistencia y agitación de las comunidades nativas. Esto, en el marco de serios cuestionamientos a cuerpos jurídicos tendientes a regular temas de trascendencia en la convivencia comunitaria como la minería y el agua.
Ante ello, exento de una interpretación estrictamente legal, que corresponde esgrimir a los entendidos en tal materia, considero pertinente reflexionar en torno a la realidad de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Cierto es, que determinados dirigentes de las agrupaciones indígenas han devenido a ratos en una retórica etnocentrista que los aleja de la adhesión del resto de la mayoría de la población ecuatoriana. Esta percepción de la dirigencia impide la construcción de un proyecto serio de unidad nacional. Incluso ese liderazgo indio ha tenido más de un reparo de sus propios congéneres. Ariruma Kowii, intelectual kichwa, asevera que “para recuperar la fortaleza del Movimiento Indígena del Ecuador, es importante reconocer los errores que hemos cometido, el no reconocerlos o el slogan de que casa adentro se deben arreglar las cosas, no nos ha ayudado mucho y más bien dicha práctica se ha constituido en el principal instrumento de los intereses individuales y de grupo, que tienen secuestrado la membresía y la conducción del movimiento” (La Verdad, 23-diciembre-2004, pág.07). Intereses que, por citar un par de ejemplos, se han manifestado en el plano electoral y en el acceso a espacios burocráticos de poder.
Sin embargo, desde el equilibrio analítico debemos regresar la mirada al campo y observar su lacerante situación cotidiana. Precisamente, porque el Estado no ha brindado las garantías necesarias para un desarrollo integral de la población distante de la vorágine urbana. No es ninguna novedad señalar que los últimos gobiernos de turno han incumplido con la tarea de reducir la pobreza, concentrada -a simple vista- en la ruralidad; dicho en otras palabras, las condiciones de vida de la gente son deplorables. Según datos proporcionados por el SIISE, al corte de fines del 2009, la sociedad indígena alcanza el 68.4%, del total de la pobreza nacional (36%).
El sector rural sobrevive con pocas opciones que estimulen ingresos económicos, productividad y progreso. Las políticas públicas se vuelven inmediatistas y clientelares. Basta rememorar regímenes populistas que ha propósito de programas oficiales escondieron tras de sí, ingentes redes de corrupción. O gobiernos propulsores del capitalismo salvaje que favorecieron a los grandes propietarios de la tierra y limitaron el ascenso del pequeño y mediano agricultor.
Áreas consideradas prioritarias para el crecimiento humano como educación, salud, vialidad, servicios básicos, fueron en las últimas décadas cimentándose con lentitud extrema. Tal hecho provocó la incontrolable ola migratoria del campo a la ciudad; fenómeno de tremendo impacto social, característico del enfoque globalizador.
Como dato confirmatorio vale recabar las proyecciones de población efectuadas por CEPAR en nuestro país para el año 2010; las cuales de un total de 14’899.000 habitantes, se superpone la estimación urbana (10’250.000), a la rural (4’649.000).
La protesta indígena tiene que ser observada desde la integralidad de la propia cuestión indígena. Diría desde su propia cosmovisión. Más allá de la coyuntural aprobación de cuerpos normativos, debemos reconocer que el Estado ecuatoriano es plurinacional, por precepto constitucional y, porque así irradia su histórica diversidad étnico-cultural. Pero, además hay que insistir en la importancia de la práctica intercultural, desde el respeto y la aceptación al otro. Eso incluye prácticas ancestrales y el derecho consuetudinario; aspectos que serán motivo de otro ejercicio de opinión en esta columna.
Artículo publicado en diario El Telégrafo, pág. 08, junio 02 del 2010
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