La democracia en la actualidad mantiene una tendencia participativa que se observa en el interés de ciertos actores sociales en la toma de decisiones. Para el efecto, se utilizan diferentes mecanismos de inserción, que permiten fortalecer la directa relación entre gobernantes y gobernados.
En una práctica concebida desde abajo hacia arriba, la dinámica social permite el involucramiento de la problemática común a través del encuentro vecinal, la reunión comunitaria o barrial y la asamblea ciudadana; espacios aglutinantes de debate e incorporación de la gente en los fenómenos cotidianos. Y, a su vez, instrumentos de base en la consolidación democrática, en donde se expresan los integrantes de la sociedad civil, independientemente de su representatividad en gremios, asociaciones, sindicatos, clubes, y otras organizaciones.
En tal dimensión es importante resaltar las experiencias locales, como instancias territoriales que contribuyen a establecer renovados parámetros de conducción político-administrativa. Es en las parroquias y cantones en donde se bosquejan componentes de participación popular, con peculiaridades propias. Esto, en vista de la cercana vinculación entre autoridades y población con la realidad que converge en la demanda en la dotación de servicios básicos y en la solución compartida a una problemática estructural en el contexto sociocultural y económico (desempleo, migración, inseguridad, discriminación, etc.).
El papel que adopta la gente en la intervención política es fundamental, en la medida en que su intromisión permita ampliar el espectro de la discusión pública y de una actitud propositiva de cara a la tarea estatal. Ante ello, cabe decir que la apropiación de los estamentos de participación ciudadana se despliega con mayor fuerza en lo local, cuyo nivel de credibilidad se impone ante la imagen desgastada del Estado. La población tiene un acercamiento directo con las entidades: parroquial o municipal, por lo tanto, exigen de ellas eficacia, adecuada planificación y transparencia de actos, en tanto que a la institucionalidad estatal la observan con cierta lejanía desde lo abstracto y -como consecuencia histórica de la ineficiencia gubernamental- con desconfianza.
La ciudadanía canaliza sus requerimientos en perspectivas de una adecuada relación con el poder político. Desde luego que aquello no siempre se establece de manera armónica y fluida, para lo cual se generan otros canales comunicativos, que, incluso, emanan en la movilización, como instrumento de presión social. No hay que olvidar la crisis de los partidos políticos que ha conllevado a formas alternativas de organización, como es el caso de los movimientos de variada índole.
Ante esto, el ciudadano/a preocupado de su porvenir -más allá de su afinidad ideológica- debe inmiscuirse en la formulación de planes y programas de desarrollo en su barrio, en su ciudad, en su entorno provincial y, finalmente, en su país, no solo a partir de la convocatoria a las urnas, sino en los momentos álgidos de discusión y consensos colectivos.
Diario El Telégrafo / 14 Dic 2011
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